Por: Martín Sánchez.
Entre los detenidos se encuentra un exsubsecretario de Administración; la investigación apunta a presuntas irregularidades en la asignación de plazas dentro del sistema educativo mexiquense.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México ejecutó una serie de órdenes de aprehensión contra exfuncionarios de la administración de Alfredo del Mazo Maza por su presunta participación en una red de venta de plazas dentro de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI).
Entre los detenidos se encuentra Óscar Guzmán Aragón, quien se desempeñó como subsecretario de Administración durante el sexenio anterior. De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, el exfuncionario fue asegurado durante las primeras horas de este martes en el municipio de Metepec.
Versiones difundidas por distintos actores políticos y medios locales señalan que junto con Guzmán Aragón habrían sido detenidos otros nueve exservidores públicos relacionados con áreas administrativas del gobierno estatal. Hasta el momento, la Fiscalía mexiquense no ha informado oficialmente el número total de personas aprehendidas ni los cargos específicos que se les imputarán.
El caso se relaciona con una investigación sobre la presunta comercialización de plazas dentro del sistema educativo estatal, una práctica que durante años ha sido señalada por sindicatos, docentes y trabajadores del sector como una de las principales fuentes de corrupción en la administración educativa.
La actual administración estatal ha reconocido previamente la existencia de irregularidades en registros de personal y procesos de asignación de plazas. En meses recientes, autoridades educativas informaron sobre revisiones internas para detectar posibles anomalías heredadas de gobiernos anteriores, particularmente en áreas relacionadas con contratación y nómina.
La detención de exfuncionarios de alto nivel representa uno de los golpes más relevantes contra integrantes del gobierno de Alfredo del Mazo desde el cambio de administración en el Estado de México. Además, ocurre en un contexto en el que las autoridades han anunciado auditorías y revisiones sobre el manejo de recursos humanos en distintas dependencias estatales.
Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no habían dado a conocer los detalles completos de la carpeta de investigación ni el monto del posible daño ocasionado. Los detenidos mantienen la presunción de inocencia mientras no exista una resolución judicial que determine su responsabilidad.
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