Pablo Jiménez Aguilar, de 72 años, denunció que desde el 24 de junio de 2024 no ha podido recuperar una vivienda de su propiedad, ubicada en la comunidad de San Francisco Acuautla, la cual permanece asegurada por la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas.
De acuerdo con el adulto mayor y su abogado, Pedro Hortiales, la propiedad del inmueble ya fue acreditada ante el Ministerio Público. Sin embargo, aseguran que hasta ahora no se les ha entregado una explicación jurídica sobre las razones por las que la casa continúa bajo resguardo ministerial.
La vivienda fue rentada inicialmente para uso habitacional. Semanas después, el arrendatario informó al propietario que sería utilizada como centro de rehabilitación para personas con problemas de adicción, por lo que el contrato de arrendamiento se mantuvo vigente.
El establecimiento habría comenzado a operar en mayo de 2024, aunque, según lo expuesto por el propietario, lo hizo sin una razón social. El 30 de ese mismo mes se registró un motín entre los internos, seguido de una fuga masiva.
La situación provocó la llegada de familiares que buscaban información sobre las personas internadas, sin que los responsables del centro ofrecieran, de acuerdo con el relato, una explicación formal sobre lo ocurrido.
Las primeras diligencias fueron realizadas por personal de la Fiscalía regional de Ixtapaluca. Posteriormente, la investigación fue enviada a la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas de Valle de Chalco, instancia que ordenó el aseguramiento del inmueble el 24 de junio de 2024.
El abogado señaló que la documentación para comprobar la propiedad fue presentada ante el Ministerio Público, pero sostuvo que no existe una resolución que explique por qué la medida continúa vigente.
También indicó que dentro de la carpeta de investigación no se les ha informado sobre la localización de indicios en la vivienda que la relacionen directamente con la posible desaparición de alguna persona tras la fuga del centro de rehabilitación.
Según la defensa, los sellos colocados inicialmente en el inmueble desaparecieron con el paso del tiempo y no contaban con número de folio ni datos de la carpeta de investigación. Actualmente, en la fachada únicamente permanece una lona con el logotipo de la Fiscalía, sin información oficial que permita identificar el procedimiento ministerial.
Jiménez Aguilar y su abogado solicitaron a la titular de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas de Valle de Chalco, Gisela Estefanía Núñez González, informar públicamente los fundamentos jurídicos del aseguramiento.
En caso de que no existan elementos que justifiquen la medida, pidieron que se ordene la devolución inmediata de la propiedad.
La defensa sostuvo que la prolongación del aseguramiento afecta el patrimonio de un adulto mayor que no enfrenta una investigación y cuyo vínculo con los hechos, según su versión, se limita a haber rentado el inmueble.
El caso evidencia la incertidumbre que enfrentan propietarios cuyos bienes permanecen asegurados durante largos periodos sin una resolución definitiva, mientras las autoridades deben conciliar sus facultades de investigación con los derechos patrimoniales y el debido proceso.
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