Por: Martín Sánchez.
Imagen ilustrativa
La medida da más tiempo a concesionarios para renovar sus vehículos, pero también abre dudas sobre la seguridad, el mantenimiento y la calidad del servicio.
El gobierno del Estado de México autorizó que las unidades de transporte público concesionado puedan operar hasta 13 años, y no solo 10 como estaba previsto originalmente.
La modificación fue publicada en la Gaceta de Gobierno estatal y estará vigente hasta el 18 de diciembre de 2026. Con esto, los transportistas tendrán más tiempo para regularizar sus unidades y evitar una renovación inmediata del parque vehicular.
El argumento oficial es que obligar a los concesionarios a cambiar sus unidades en este momento podría aumentar sus costos y generar presión para subir nuevamente las tarifas del transporte público. Es decir, la medida busca evitar que el gasto de renovar vehículos se traslade de forma directa a los usuarios.
Sin embargo, la decisión también genera cuestionamientos. En el Estado de México, el transporte público concesionado arrastra problemas de inseguridad, unidades en malas condiciones, sobrecupo, accidentes, falta de supervisión y deficiencias en la calidad del servicio.
Por eso, el debate no está solo en si una unidad puede circular 10 o 13 años. El punto central es quién va a revisar que esos vehículos realmente estén en buenas condiciones para seguir prestando servicio.
Si el gobierno permite que las unidades trabajen más tiempo, también tendría que garantizar revisiones físico-mecánicas más estrictas, seguros vigentes, operadores capacitados, rutas supervisadas y mecanismos reales de seguridad para los pasajeros.
La medida también muestra el rezago que existe en la regularización del transporte público. Muchas unidades siguen operando en medio de trámites pendientes, concesiones vencidas o procesos administrativos que no han sido resueltos.
Para los usuarios, el problema es claro: pagan una tarifa más alta, pero en muchas rutas no ven mejoras suficientes en seguridad, comodidad, frecuencia ni trato.
La ampliación de la vida útil puede evitar que falten unidades en el corto plazo, pero no resuelve los problemas de fondo del transporte público mexiquense.
En una entidad donde millones de personas dependen todos los días de combis, micros, camiones y taxis colectivos para llegar al trabajo, la escuela o sus hogares, la pregunta sigue abierta: si el gobierno está dando más tiempo a los transportistas, ¿ese tiempo servirá para modernizar el servicio o solo para mantenerlo igual por más años?
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