Por: Martín Sánchez.
Transportistas mexiquenses acusan trámites detenidos, falta de certeza y decisiones fuera de atribuciones dentro de la Secretaría de Movilidad; el conflicto por la regularización del sector ya tiene fecha de presión pública: el 11 de junio.
El intento por ordenar el transporte público concesionado en el Estado de México abrió un nuevo frente para la Secretaría de Movilidad. Lo que inició como un reclamo por trámites pendientes, regularización de unidades y acuerdos sin publicar escaló a una disputa por la conducción interna de la dependencia, con transportistas que acusan falta de respuesta institucional y advierten una manifestación para el próximo 11 de junio.
El Movimiento Transportista Mexiquense colocó el conflicto en un terreno más amplio que la gestión administrativa. En su posicionamiento, los inconformes señalaron que no existen condiciones de certeza para avanzar en procesos que, según aseguran, ya habían sido acordados con autoridades estatales. Entre sus demandas se encuentra la publicación de disposiciones en la Gaceta de Gobierno, la regularización de unidades y la revisión de trámites que permanecen detenidos.
La presión también alcanzó al titular de la Secretaría de Movilidad, Juan Hugo de la Rosa García, a quien los transportistas cuestionaron como interlocutor para resolver el conflicto. En lugar de mantener la negociación solo con la dependencia, el movimiento pidió la intervención directa de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, al considerar que la situación ya rebasó los canales ordinarios de atención.
El fondo del reclamo está en la operación cotidiana del transporte concesionado. Para los transportistas, la falta de acuerdos publicados y de respuestas claras define si las unidades pueden continuar en circulación, si los concesionarios pueden regularizar su situación y si los operadores cuentan con respaldo administrativo para prestar el servicio sin quedar expuestos a sanciones o incertidumbre legal.
En el posicionamiento también fueron señalados funcionarios de la Secretaría de Movilidad por presuntamente intervenir en decisiones fuera de sus atribuciones. Entre los nombres mencionados por el movimiento aparecen José Guadalupe Luna Hernández, Luz María Esparza Martínez y Sergio García Romero. Hasta ahora, esos señalamientos forman parte de las acusaciones de los transportistas y no han sido aclarados públicamente por la dependencia.
Hasta este momento, la Secretaría de Movilidad no ha difundido una postura pública amplia sobre las acusaciones del Movimiento Transportista Mexiquense ni sobre la manifestación anunciada para el 11 de junio. La dependencia mantiene a Juan Hugo de la Rosa García como titular y cuenta con antecedentes oficiales de acuerdos relacionados con beneficios fiscales, regularización y vida útil de unidades; sin embargo, los transportistas sostienen que esos procesos no han dado certeza suficiente al sector.
La disputa ocurre en un sector históricamente complejo para el Estado de México. El transporte público concesionado no solo funciona como un servicio de movilidad, sino como una red económica y territorial con presencia en municipios metropolitanos y del oriente mexiquense, donde miles de usuarios dependen diariamente de combis, microbuses y autobuses para conectar con escuelas, centros de trabajo, mercados y estaciones hacia la Ciudad de México.
Aunque el movimiento no ha difundido un padrón público completo de rutas, empresas o concesionarios participantes, sus reclamos apuntan principalmente a operadores y organizaciones del Valle de México mexiquense, con presencia en zonas donde el transporte concesionado sostiene buena parte de la movilidad diaria. Esa falta de claridad sobre el tamaño real del bloque también forma parte del problema: permite dimensionar poco la fuerza de la convocatoria, pero no elimina el riesgo de afectaciones si la protesta avanza.
La manifestación anunciada para el 11 de junio aparece como el primer punto de presión pública frente al gobierno estatal. De concretarse, podría generar afectaciones en vialidades y corredores metropolitanos, especialmente si participan rutas con operación en municipios de alta dependencia del transporte público.
El conflicto exhibe una contradicción en la política de movilidad del Estado de México: mientras el gobierno ha planteado ordenar y regularizar el transporte, una parte del sector acusa que los procesos siguen atorados, que los acuerdos no se concretan y que la toma de decisiones dentro de la dependencia carece de claridad.
La falta de una respuesta pública de fondo mantiene abierto el escenario de protesta. Para el gobierno mexiquense, el margen de maniobra se reduce conforme se acerca el 11 de junio; para los transportistas, la marcha aparece como una forma de trasladar a la calle una disputa que, hasta ahora, no ha encontrado salida dentro de la Secretaría de Movilidad.
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