La confrontación por el control del Ejido de Santa María Chimalhuacán coincide con un proceso que podría definir la certeza jurídica de miles de familias asentadas en al menos 13 colonias del municipio.
La disputa por la conducción del Ejido de Santa María Chimalhuacán ha colocado en segundo plano una demanda que para miles de habitantes resulta más urgente: la regularización de los terrenos donde han construido sus viviendas.
En las últimas semanas, distintos grupos vinculados al núcleo agrario han intercambiado señalamientos sobre la representación ejidal, la validez de acuerdos internos y el rumbo de diversos proyectos relacionados con la tierra. Sin embargo, detrás de esa confrontación existe un tema que impacta directamente a familias de colonias asentadas sobre terrenos vinculados al ejido.
Entre las comunidades involucradas se encuentran Lomas de Buenavista, Corte La Joya, Corte Xolohuango, Corte Escalerillas, Corte La Palma Primera Sección, Corte La Palma Segunda Sección, Corte Chocolín, Corte San Pablo, Ampliación San Pablo, Corte El Pósito, Corte Huatongo, Corte San Isidro y Corte Santa Cruz.
Para muchos habitantes, la regularización representa la posibilidad de obtener documentos que acrediten legalmente la propiedad de sus viviendas después de años de incertidumbre. Contar con escrituras no solo brinda certeza jurídica sobre el patrimonio familiar; también facilita trámites de herencia, compraventa, acceso a créditos y diversos procedimientos administrativos que requieren acreditar la propiedad de un inmueble.
La falta de regularización, en cambio, mantiene a numerosas familias en una condición de vulnerabilidad jurídica. Aunque muchas han habitado estas zonas durante años e incluso décadas, no siempre cuentan con documentos definitivos que respalden plenamente la posesión de sus propiedades.
La relevancia del tema quedó reflejada en 2025, cuando autoridades municipales, el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) y representantes ejidales anunciaron trabajos encaminados a la regularización de aproximadamente 43 mil predios en Chimalhuacán, un proceso que, de acuerdo con cifras oficiales difundidas entonces, podría beneficiar a cerca de 130 mil habitantes.
Es en ese contexto donde se desarrolla la actual disputa interna del Ejido de Santa María. Los grupos involucrados han difundido comunicados en los que se acusan mutuamente de obstaculizar acuerdos, afectar procesos internos y desinformar a los ejidatarios sobre el rumbo de diversos proyectos relacionados con la tierra.
La confrontación también ha estado acompañada por señalamientos sobre la presunta donación de un predio de más de siete mil metros cuadrados al gobierno municipal. Ejidatarios inconformes sostienen que una decisión de esa naturaleza requeriría la aprobación de la Asamblea General, considerada la máxima autoridad dentro del núcleo agrario. Hasta ahora, no existe una postura pública que esclarezca el alcance de esa controversia.
La tensión aumentó aún más luego de que Higinio Gutiérrez Luna, identificado como integrante de uno de los grupos que participan en la disputa, fuera atacado a balazos en el centro de Chimalhuacán. El hecho ocurrió en medio del conflicto y generó nuevas exigencias para que las autoridades esclarezcan lo sucedido.
Aunque la agresión atrajo la atención pública, el fondo del conflicto sigue siendo la conducción del Ejido de Santa María y las decisiones que se tomarán sobre tierras vinculadas a procesos de regularización. Para miles de habitantes, el desenlace de esta disputa podría influir en la continuidad de trámites que durante años han esperado para obtener certeza jurídica sobre el patrimonio que habitan.
Más allá de quién resulte fortalecido dentro de la estructura ejidal, la expectativa de numerosas familias permanece puesta en que los procesos de regularización continúen avanzando y no queden atrapados en una confrontación que hoy mantiene dividido al núcleo agrario más importante de Chimalhuacán.
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