Por: Martín Sánchez.
A 20 años de la represión, el partido oficialista retomó el caso como bandera contra sus adversarios, aunque la deuda central sigue siendo la justicia pendiente para las víctimas.
La represión de San Salvador Atenco volvió al centro del discurso político en el oriente mexiquense, pero no sólo como una demanda de memoria y justicia. A 20 años del operativo policiaco del 3 y 4 de mayo de 2006, MORENA retomó el caso para golpear al PRI y al PAN, al presentar los hechos como una muestra de la violencia ejercida por los gobiernos del llamado “PRIAN”.
El señalamiento tiene una base histórica: el operativo fue ejecutado durante el gobierno federal de Vicente Fox y el gobierno mexiquense de Enrique Peña Nieto, entonces gobernador del Estado de México. Organismos de derechos humanos, víctimas y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra han sostenido durante años que la represión dejó muertos, personas detenidas arbitrariamente, tortura, abusos sexuales y una larga ruta de impunidad.
Sin embargo, el uso partidista del caso abre una tensión política. MORENA no sólo recuperó Atenco como memoria histórica, sino como herramienta de confrontación contra el PRI en una región donde la disputa electoral y simbólica sigue abierta. En esa operación discursiva, el caso corre el riesgo de pasar de una exigencia de justicia a una pieza de propaganda.
La diferencia no es menor. Atenco no es únicamente un expediente contra gobiernos anteriores ni una consigna útil para exhibir al priismo mexiquense. Es uno de los episodios más graves de abuso de fuerza pública en el Estado de México, con víctimas que durante dos décadas han denunciado tortura, violencia sexual, detenciones arbitrarias y falta de castigo para los responsables.
Por eso, la crítica al PRI y al PAN no puede sustituir la responsabilidad actual del Estado mexicano. Si el gobierno federal y MORENA retoman Atenco como bandera, también quedan obligados a responder por los pendientes que siguen abiertos: sanción a los responsables, reparación integral, cumplimiento de la sentencia internacional y garantías de no repetición.
La memoria de Atenco tiene una carga política inevitable, porque los hechos ocurrieron desde el poder público y porque marcaron la historia reciente del Estado de México. Pero convertir esa memoria en propaganda reduce la dimensión humana del caso y desplaza del centro a quienes han sostenido la exigencia durante 20 años: las víctimas, sus familias y los pueblos que enfrentaron la represión.
En el oriente mexiquense, donde MORENA busca consolidar su dominio frente a un PRI debilitado pero todavía presente, Atenco funciona como símbolo de ruptura con el viejo régimen. La pregunta es si esa ruptura se limita al discurso contra el pasado o si se traduce en justicia real.
A dos décadas de distancia, el expediente sigue siendo incómodo para todos los gobiernos. Para el PRI, porque remite a uno de los momentos más violentos del peñismo en el Estado de México. Para el PAN, porque ocurrió bajo el gobierno federal de Vicente Fox. Y para MORENA, porque ya no basta con señalar a los responsables históricos: ahora gobierna y debe demostrar que la memoria no será usada sólo como arma electoral.
Atenco no se agota en una consigna contra el PRI. Tampoco puede quedar reducido a propaganda de coyuntura. Mientras no haya sanciones de fondo, el caso seguirá exhibiendo una deuda institucional que ningún partido puede apropiarse sin asumir también la responsabilidad de saldarla.
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