Por: Martín Sánchez para Amaqueme Noticias.
Una familia de Tlalmanalco denunció que un conflicto vecinal por la posesión de una vivienda dentro de un predio de casi una hectárea derivó en un operativo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, agresiones contra varios de sus integrantes y el aseguramiento del inmueble que habitaba una pareja de la propia familia.
Desde el pasado 29 de mayo, la vivienda permanece cerrada con sellos de aseguramiento de la Fiscalía. La pareja que vivía ahí no ha podido regresar ni recuperar las pertenencias que quedaron dentro, por lo que tuvo que rentar otro espacio para vivir.
De acuerdo con los familiares, el conflicto tiene antecedentes de varios años. El propietario original del predio, padre de algunos de los actuales integrantes de la familia, enfrentó procesos legales con personas que llegaron a habitar una parte del terreno.
Antes de fallecer, explicaron, decidió no continuar con esos procedimientos y alcanzar acuerdos con algunas de las personas que permanecían en el lugar. Entre ellas se encontraría Rosalía Gallardo, vecina a quien la familia atribuye el origen de la problemática actual.
Con el paso del tiempo, la relación volvió a deteriorarse. Durante los últimos meses, Karla, quien vivía con su esposo en la vivienda ubicada junto a la de Rosalía Gallardo, comenzó a ser grabada y molestada constantemente, según relató la propia afectada.
En un principio, decidió no escalar el conflicto porque las acciones no pasaban de grabaciones y confrontaciones. Sin embargo, aseguró que la situación aumentó cuando la vecina instaló cámaras de vigilancia orientadas hacia la vivienda.
Una de esas cámaras, afirmaron sus familiares, apunta prácticamente hacia la ventana de una de las recámaras. La familia considera que esa vigilancia forma parte del presunto hostigamiento dirigido principalmente contra Karla.
Posteriormente, la familia supo de la existencia de una carpeta de investigación iniciada a partir de una denuncia que Rosalía Gallardo presentó ante la Fiscalía mexiquense y que se relaciona con la vivienda.
Según los documentos a los que tuvieron acceso, la vecina señaló que días antes había sido agredida físicamente por personas cuya identidad dijo desconocer. También afirmó que esas personas ingresaron a la vivienda para permanecer dentro y que ella misma habría construido la casa que actualmente se encuentra asegurada.
La familia rechaza esa versión y sostiene que la vivienda ha sido habitada por ellos desde hace más de 25 años, además de que fueron integrantes de la propia familia quienes realizaron la construcción del inmueble.
También aseguran contar con escrituras y otros documentos que acreditan su relación con el predio y la vivienda. En contraste, señalan que Rosalía Gallardo presentó como evidencia un pago predial y un documento de traslado de dominio.
Los afectados consideran que la carpeta fue iniciada con información presuntamente falsa y sin fundamento, con la intención de despojarlos de la vivienda.
A partir de esa carpeta, el 29 de mayo personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional acudieron a realizar diligencias en la vivienda ubicada en calle Avelar, sin número, en el barrio San Pedro de Tlalmanalco.
Ese día, la pareja que habitaba el domicilio no se encontraba en el lugar. El esposo de Karla estaba con su madre, quien lo cuidaba debido a una hernia que le provoca problemas de movilidad y, en ocasiones, le impide mover una parte del cuerpo, por lo que requiere utilizar bastón. Karla se encontraba trabajando en Chalco, donde se desempeña como comerciante.
Durante el operativo, familiares de la pareja que se encontraban en el predio fueron presuntamente agredidos físicamente por elementos militares, de acuerdo con la denuncia de los afectados.
La familia señaló que no se trató de una sola persona lesionada, sino de varios de sus integrantes que habrían sido sometidos con violencia durante la diligencia. Uno de ellos, afirmaron, sufrió afectaciones en uno de sus ojos.
También denunciaron que los teléfonos celulares con los que intentaban grabar lo ocurrido fueron retirados, lo que, aseguran, les impidió conservar evidencia directa del desarrollo del operativo.
Tras concluir las diligencias, las autoridades colocaron sellos de aseguramiento en la vivienda.
Desde ese momento, la pareja no ha podido regresar al inmueble ni recuperar las pertenencias que permanecen dentro. Sus familiares aseguran que prácticamente sólo pudieron conservar lo que llevaban consigo la mañana de ese día, por lo que se vieron obligados a rentar otro espacio para vivir.
En las semanas posteriores, algunos de los familiares que fueron golpeados durante la diligencia estuvieron a punto de ser vinculados a proceso, según la versión de los afectados.
Sin embargo, señalaron que videos obtenidos por vecinos y grabaciones de cámaras de seguridad de la zona permitieron aportar elementos que frenaron esa posibilidad.
La principal inconformidad de la familia es que, hasta ahora, asegura no tener certeza sobre el motivo específico que originó la diligencia ni sobre el fundamento legal por el que el inmueble fue asegurado.
Los afectados sostienen que recibieron versiones distintas sobre el caso: una relacionada con un posible quebrantamiento de sellos y otra con una presunta privación ilegal de la libertad.
También cuestionan inconsistencias en documentos vinculados con la intervención. En una referencia atribuida a la fiscal encargada aparece la fecha del 28 de mayo, mientras que en otra hoja se menciona el 29 de junio, aunque la familia asegura que el operativo ocurrió el 29 de mayo.
La familia exige que se esclarezca el origen de la carpeta de investigación, se revise la actuación de las autoridades durante el operativo y se informe con precisión por qué la vivienda permanece asegurada.
Asimismo, solicita que se investiguen las agresiones denunciadas contra sus familiares, el retiro de los teléfonos celulares y las circunstancias que mantienen fuera de su casa a la pareja que habitaba el inmueble.
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