Los gobiernos han informado cuánto costaron las obras y cuántas personas serían beneficiadas; sin embargo, no han presentado cifras sobre los delitos ocurridos antes y después en las calles intervenidas.
Cerca de 38 millones de pesos fueron destinados a la construcción y rehabilitación de senderos seguros en Chalco e Ixtapaluca, pero hasta ahora no existen pruebas públicas que permitan conocer si las obras redujeron los robos, las agresiones o la violencia contra las mujeres en los puntos atendidos.
En Ixtapaluca se reportó una inversión de 27 millones de pesos para el programa Senderos Seguros, mientras que en Chalco se destinaron aproximadamente 10.8 millones de pesos para rehabilitar la calle Everardo González.
En conjunto, ambas intervenciones representan alrededor de 37.8 millones de pesos.
Las autoridades han difundido los montos, las características de las obras y el número estimado de beneficiarios. Lo que no han presentado es una comparación de los delitos registrados en esos corredores antes y después de las intervenciones.
Ixtapaluca: 27 millones sin desglose detallado por vialidad
En Ixtapaluca, los 27 millones de pesos fueron destinados a diferentes senderos y acciones de recuperación urbana.
El programa contempló trabajos de iluminación, rehabilitación de banquetas y vialidades, además de infraestructura relacionada con la seguridad de quienes transitan por esos espacios.
Sin embargo, la información pública difundida no permite identificar con claridad cuánto se gastó en cada vialidad, cuántas luminarias fueron colocadas en cada punto, cuánto costaron los equipos o qué proporción del presupuesto fue utilizada en cámaras, botones de emergencia y obra civil.
Tampoco se presentó un diagnóstico público con el número de robos, agresiones o reportes de violencia contra las mujeres que se registraban previamente en cada uno de los trayectos intervenidos.
Sin esos datos, no es posible establecer una línea de comparación para conocer si los 27 millones de pesos tuvieron algún efecto concreto sobre la seguridad.
Chalco: 10.8 millones para la calle Everardo González
En Chalco, la inversión se concentró en la calle Everardo González, donde fueron ejercidos aproximadamente 10.8 millones de pesos.
La intervención abarcó 6 mil 169 metros cuadrados y fue presentada como una obra destinada a beneficiar a 4 mil 762 habitantes.
Los trabajos incluyeron la rehabilitación de banquetas, guarniciones y pavimento, así como la colocación de luminarias, cámaras de videovigilancia, un botón de emergencia, rampas, bolardos, reductores de velocidad y señalización.
También se realizaron trabajos en coladeras, rejillas y pozos de visita. Por ello, el monto no correspondió exclusivamente a iluminación o equipo de vigilancia, sino a una renovación integral de la vialidad.
No obstante, en la información difundida sobre la inauguración tampoco se presentó el número de delitos registrados anteriormente en la calle Everardo González.
Las autoridades tampoco informaron qué indicador utilizarán para evaluar la obra, durante cuánto tiempo será monitoreada o qué reducción de delitos esperan alcanzar.
Los delitos siguen presentes en ambos municipios
Las cifras municipales más recientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública corresponden al cierre de 2025.
Durante ese año, Chalco acumuló aproximadamente 11 mil 229 carpetas de investigación por distintos delitos. Entre ellas se contabilizaron alrededor de 768 robos a transeúnte y 751 casos de violencia familiar.
En Ixtapaluca se registraron aproximadamente 10 mil 374 carpetas, entre las que se encontraron 544 robos a transeúnte y 898 casos de violencia familiar.
La base oficial incluye información municipal hasta diciembre de 2025 y puede presentar actualizaciones retroactivas.
Estas cifras muestran que los robos y la violencia continúan formando parte del contexto de ambos municipios, pero no permiten medir la efectividad de los senderos.
Los registros del SESNSP abarcan todo el territorio municipal y no están separados públicamente por cada calle rehabilitada. Por eso, una disminución o un aumento general de los delitos no puede atribuirse directamente a una obra específica.
Para demostrar que los senderos funcionaron sería necesario publicar datos correspondientes exclusivamente a las zonas intervenidas.
Municipios bajo Alerta de Violencia de Género
Chalco e Ixtapaluca forman parte de los once municipios del Estado de México incluidos desde julio de 2015 en la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.
Además, Ixtapaluca se encuentra entre los siete municipios incorporados en 2019 a una segunda alerta relacionada con la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres.
La permanencia de ambas demarcaciones dentro de estos mecanismos aumenta la importancia de evaluar las acciones que son presentadas como medidas para proteger a las mujeres.
No basta con demostrar que se colocaron luminarias, cámaras o botones de emergencia. También tendría que conocerse si estas herramientas funcionan y si produjeron resultados medibles.
Sin cifras por calle, no puede comprobarse el resultado
Para evaluar los casi 38 millones de pesos invertidos, las autoridades tendrían que informar cuántos delitos se registraron en cada corredor durante un periodo previo a las obras y cuántos fueron denunciados después.
También deberían precisar:
Cuántas luminarias permanecen funcionando.
Cuántas cámaras están conectadas a los centros de vigilancia.
Cuántas veces fueron activados los botones de emergencia.
Cuántas emergencias fueron atendidas.
Cuál fue el tiempo de respuesta de la policía.
Cuántas personas fueron auxiliadas o detenidas gracias a los equipos instalados.
Hasta ahora, esta información no forma parte de los informes públicos difundidos sobre las obras.
Los gobiernos pueden acreditar que el dinero fue invertido y que las calles fueron rehabilitadas. Lo que todavía no demuestran es que las intervenciones hayan reducido los delitos o la violencia contra las mujeres.
La diferencia es importante: mejorar una calle no equivale automáticamente a convertirla en una calle segura.
Mientras no se publiquen evaluaciones específicas de los corredores, los casi 38 millones de pesos podrán medirse en metros de pavimento, banquetas y luminarias, pero no en una reducción comprobable de la violencia.
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