El juicio fue promovido por vecinos de 38 colonias que durante años han padecido falta de agua, baja presión y dependencia de pipas. La resolución obliga al municipio a atender el suministro inmediato y las fallas de la red hidráulica.
Habitantes de la Quinta Zona de Ecatepec obtuvieron una resolución favorable de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que las autoridades garanticen el acceso a agua potable en sus viviendas.
El caso no comenzó durante la administración de la actual alcaldesa, Azucena Cisneros Coss. La escasez se arrastra desde hace años y está relacionada con problemas de infraestructura, falta de mantenimiento, bombas fuera de servicio, poca presión, ausencia de medidores y una distribución desigual entre las colonias.
Sin embargo, debido a que Cisneros encabeza actualmente el gobierno municipal, a su administración y al organismo de agua SAPASE les corresponde cumplir la resolución y presentar acciones para solucionar el problema.
El juicio comenzó en 2021
El 15 de octubre de 2021, un grupo de 688 habitantes de 38 colonias de la Quinta Zona presentó un amparo contra autoridades municipales, estatales y federales.
Los vecinos denunciaron que no recibían agua suficiente por medio de la red hidráulica, por lo que tenían que comprar pipas privadas sin conocer con certeza el origen ni la calidad del líquido. También señalaron que el reparto era desigual y que algunas colonias permanecían durante largos periodos sin servicio.
En febrero de 2022, un juez federal concedió inicialmente el amparo a una parte de los demandantes y ordenó restablecer el suministro en cantidad suficiente y con condiciones adecuadas para uso personal y doméstico.
La decisión fue impugnada tanto por los habitantes como por el gobierno municipal. En marzo de 2024, un tribunal ordenó repetir parte del procedimiento y realizar estudios especializados para conocer las condiciones reales del agua y de la infraestructura hidráulica.
Después de los estudios, en febrero de 2025 se emitió una nueva sentencia. Esta estableció que, cuando no fuera posible proporcionar agua mediante las tuberías, las autoridades debían entregar al menos 100 litros diarios por persona a quienes estuvieran protegidos por el amparo.
¿Por qué falta agua en estas colonias?
Los estudios incluidos en el expediente judicial encontraron problemas de planeación, operación y mantenimiento del sistema hidráulico de la Quinta Zona.
Durante las inspecciones se detectó que dos de las cuatro bombas de una cisterna no funcionaban. También se documentó que parte del suministro se realizaba mediante pipas y que un tanque elevado operaba solamente durante la madrugada de los sábados para abastecer a una parte de la colonia CTM XIV.
El peritaje también señaló que desde 2007 debieron construirse pozos que permitieran complementar el agua recibida del sistema Lerma-Cutzamala, pero esa infraestructura no fue terminada.
Otro problema es que SAPASE no cuenta con suficientes medidores para saber con precisión cuánta agua se extrae, cuánto líquido circula por las tuberías y cuánto llega realmente a cada vivienda.
Además, una válvula que controla el reparto hacia distintas zonas se encontraba atorada por falta de mantenimiento, lo que dificultaba cumplir correctamente con el calendario de tandeo. A esto se suman fugas y conexiones clandestinas que reducen el agua disponible para la población.
La Suprema Corte resolvió el caso
La Suprema Corte atrajo el expediente en enero de 2026 y lo registró como Amparo en Revisión 13/2026.
El 9 de julio, el Pleno de la Corte resolvió desechar uno de los recursos presentados por el representante jurídico del Ayuntamiento, modificar la sentencia anterior y conceder el amparo a la parte demandante que cumplió con los requisitos del juicio.
La resolución establece que SAPASE deberá suministrar agua potable diariamente a las personas protegidas por el amparo, preferentemente mediante la red hidráulica. Cuando esto no sea posible, deberá hacerlo por medio de pipas u otro mecanismo.
El agua entregada tendrá que cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-2021, que establece los límites de calidad para el líquido destinado al uso y consumo humano.
La Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México, en coordinación con el Instituto de Verificación Administrativa, deberá revisar mensualmente las pipas y verificar que el agua no represente riesgos para la salud.
También se deberá reparar la red
La sentencia no se limita al reparto de agua mediante pipas. El gobierno de Ecatepec y SAPASE deberán elaborar un diagnóstico sobre las condiciones de la red hidráulica, identificar fugas, establecer un calendario de reparaciones y evaluar la instalación de medidores.
También deberán continuar con un programa de infraestructura que permita solucionar de fondo la falta de suministro en las colonias donde viven las personas que promovieron el amparo. Autoridades estatales y federales tendrán que colaborar dentro de sus respectivas competencias.
La medida no significa que automáticamente todas las viviendas de Ecatepec recibirán 100 litros diarios. Los efectos directos del amparo corresponden a las personas reconocidas dentro del juicio; sin embargo, las reparaciones y mejoras de la infraestructura podrían beneficiar a más habitantes de la Quinta Zona.
Diputada acusa resistencia del municipio
La diputada local Miriam Silva Mata, quien ha acompañado jurídicamente las demandas de los vecinos, acusó al gobierno municipal de intentar retrasar el cumplimiento de las resoluciones y presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por presunto fraude procesal.
La denuncia representa una acusación que deberá ser investigada y no significa que exista, hasta ahora, una sentencia penal contra la alcaldesa.
Por su parte, el gobierno de Ecatepec ha sostenido que ha realizado obras y acciones para aumentar el suministro en la Quinta Zona. También ha señalado que cumplir todas las medidas de infraestructura consideradas en el caso requeriría una inversión de más de seis mil millones de pesos.
La crisis de agua no fue ocasionada únicamente por la actual administración, pues es resultado de años de abandono, crecimiento urbano y deficiencias en el sistema hidráulico. No obstante, el gobierno de Azucena Cisneros es ahora responsable de cumplir la resolución, garantizar agua potable a las personas amparadas y demostrar que existe un programa real para solucionar el problema.
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