La muerte de un adolescente de 13 años en la comunidad de San Agustín, en Ecatepec, Estado de México, ha provocado indignación entre familiares, vecinos y usuarios de redes sociales, quienes exigen una investigación exhaustiva para determinar si existieron responsabilidades de terceros.
De acuerdo con testimonios difundidos por personas cercanas al menor, antes de su fallecimiento se habría registrado un conflicto entre dos familias de la zona. En ese contexto, un hombre identificado por habitantes como ex policía presuntamente habría amenazado al adolescente y a su familia, además de haberlo agredido físicamente.
Las versiones señalan que el menor habría enfrentado una fuerte presión emocional después de dichas amenazas. Sin embargo, hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México no ha confirmado oficialmente la relación entre estos hechos y la muerte del adolescente, por lo que corresponderá a las autoridades esclarecer lo ocurrido.
El caso ha generado aún mayor indignación debido a que la persona señalada es un adulto y presuntamente formó parte de una corporación policial. Por su edad, experiencia y posible preparación en el manejo de conflictos, tendría que haber actuado con mayor responsabilidad, prudencia y capacidad de control, en lugar de confrontar, amenazar o presuntamente agredir a un menor de edad.
Un adulto no se encuentra en igualdad de condiciones frente a un adolescente de 13 años. Mucho menos cuando se trata de una persona que habría pertenecido a una institución encargada de preservar el orden y proteger a la ciudadanía. De confirmarse los señalamientos, la conducta resultaría especialmente grave por la diferencia de edad, fuerza y experiencia entre ambas partes.
En redes sociales también circula un video en el que aparece un hombre, identificado por usuarios como el mismo ex policía señalado, protagonizando una confrontación con elementos de la Policía Municipal. Diversas publicaciones aseguran que se trataría de la persona involucrada en el conflicto previo con el adolescente, aunque esta información deberá ser verificada por la Fiscalía.
La FGJEM será la autoridad encargada de recabar testimonios, revisar videos, analizar posibles mensajes o amenazas y realizar los peritajes correspondientes para establecer qué ocurrió antes de la muerte del menor.
En caso de acreditarse amenazas, lesiones, acoso, intimidación o cualquier otra conducta delictiva, las autoridades deberán proceder conforme a derecho y deslindar responsabilidades.
Familiares y habitantes de San Agustín han solicitado que el caso no quede impune y que la investigación se realice con transparencia, sin proteger a ninguna persona por haber pertenecido anteriormente a una corporación de seguridad.
Especialistas han advertido que las amenazas, el acoso y la violencia física o psicológica pueden generar consecuencias graves en niñas, niños y adolescentes. Por ello, cualquier señal de riesgo debe ser atendida inmediatamente por familiares, escuelas y autoridades.
El caso continúa bajo investigación. Se espera que la Fiscalía mexiquense informe oficialmente sobre los avances y determine si las presuntas amenazas y agresiones estuvieron relacionadas con la muerte del adolescente.
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